En el mundo y en nuestro país, se vive una crisis generalizada de los Derechos Humanos, que se ve acentuada por la complementación de políticas económicas dirigidas a la concentración de la riqueza que producen una enorme desigualdad social. Una política que siempre viene acompañada de violencia y represión y despojo contra la población más pobre y en especial las comunidades indígenas.

La crisis de derechos humanos que vive México se ha vuelto endémico. El gobierno de nuestro país y los gobiernos estatales son incapaces de reconocer e identificar las deficiencias institucionales que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos; tampoco son capaces de señalar y sancionar a los funcionarios responsables de esta situación. La corrupción y la impunidad son señales características del ejercicio del poder político en México. 

En este escenario de incapacidad para garantizar los derechos civiles y políticos así como económicos y sociales, no es difícil comprender que las principales víctimas de violaciones a los derechos humanos, son los grupos opositores a las políticas económicas, al despojo de los recursos naturales y a la utilización política de la procuración de justicia. En este contexto se inscribe la campaña de violencia que las autoridades en sus tres ámbitos de gobierno, grupos del crimen organizado y grupos de poder económico, han emprendido contra periodistas, defensores de derechos humanos y contra todo aquel que se organice en defensa de sus derechos, quienes son objeto de constantes agresiones y atentados, así como encarcelamiento, tortura y desaparición forzada, ataques que se realizan con total impunidad y que han cobrado la vida de muchas personas, entre ellos 786 perredistas asesinados.

Si bien una parte de la violencia debe ser atribuida a los grupos del crimen organizado, buena parte ha sido perpetrada por autoridades federales, estatales y municipales, policías y miembros del Ejército, que han participado en actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las cifras de este régimen son de barbarie:

México es el quinto país en asesinatos de periodistas[1].

Los ejecutados en el sexenio de Peña Nieto son 57 mil 410 personas (hasta Julio de este año).

En 2015 han desaparecido en promedio 11 personas cada 24 horas, para un total de 26 mil personas desaparecidas[2].

Tres de cada 10 desaparecidos son mujeres, y la mitad son jóvenes de entre 15 y 29 años.

En este rubro es indispensable mencionar los casos sin resolver en Apatzingán, Tanhuato y por supuesto Ayotzinapa.

Sólo una de cada 20 presuntas víctimas de tortura y otros malos tratos que presentan quejas ante la CNDH son sometidas a un examen médico minucioso por la PGR. Cabe recordar que en mayo de 2014 el relator especial de la ONU afirmó que “aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos” en nuestro país.

Más de 350 luchadores sociales han sido encarcelados en estos 3 años del desgobierno de Peña Nieto.

De junio de 2012 a mayo de 2014 fueron ejecutados extrajudicialmente 32 defensores de Derechos Humanos, y por lo menos 83 encarcelados durante este sexenio[3].

Y quizá el dato más revelador para comprender toda la barbarie que acabamos de describir, es que: el 98% de los casos de violaciones a los Derechos Humanos quedan impunes en este país.

Destacan por su impunidad el gobierno de Veracruz de Javier Duarte; el de Chiapas, de Manuel Velasco; el de Tamaulipas, de Igidio Torre; el del Estado de México, de Eruviel Ávila, todos de clara filiación priista; así como los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle, de Puebla, y al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso inequívoco con las víctimas del autoritarismo, de todos aquellos que cotidianamente ven vulnerados sus derechos humanos, de aquellos y aquellas a quienes las autoridades mantienen excluidos, sin voz ni capacidad para participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Asimismo, hacemos un llamado a las y los militantes del PRD, y en especial a aquellos que desempeñan cargos públicos, a que su actividad política sirva como contrapeso a la restauración autoritaria, que no cedamos ni un centímetro ante aquellos que abusan de sus nombramientos y omiten sus obligaciones; para ser el instrumento en las manos del pueblo, que haga palpable la justicia.

 

En el marco de un aniversario más de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los perredistas nos pronunciamos:

En contra de la explotación irracional de los recursos naturales y energéticos en el territorio de nuestro país por parte de los grandes firmas financieras mineras, agrícolas y energéticas transnacionales. En particular de los recursos acuíferos. Por lo que demandamos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre el aprovechamiento de los recursos de su territorio como instrumento para la defensa y gestión de los mismos.

Por una política económica que busque una distribución más justa de los bienes y servicios entre nuestro pueblo, que garantice el goce de los derechos económicos y sociales, asegurando una mejor calidad de vida a la población y adoptando medidas para combatir la extrema pobreza y la desigualdad.

Por un alto a la violencia de género en nuestro país. Por lo que exigimos que se activen los instrumentos de protección de las mujeres previstos en la Ley, como la Alerta de Género, para detener los feminicidios. Con mayor urgencia todos los municipios del estado de México y en aquellos estados como Quintana Roo donde estos asesinatos se han incrementado de forma alarmante.

Repudiamos la política de criminalización y represión de los movimientos sociales en México, por parte de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal. Demandamos un alto a la utilización de la violencia y la coerción legal como medio para enfrentar la oposición política y el descontento social. Por lo que exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, como el compañero Rubén Sarabia y sus dos hijos, presos por el autoritario gobierno de Rafael Moreno Valle, en Puebla.

Exigimos respeto para el ejercicio de la libertad de expresión, los derechos civiles de reunión y manifestación, que se encuentran gravemente amenazados con la actuación de las policías y los órganos de procuración de justicia. Demandamos un alto a la muerte de periodistas en México.

Hacemos un llamado a las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, particularmente a los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, para que aprueben una Ley General contra la Desaparición Forzada en los términos propuestos por las organizaciones civiles de víctimas y familiares.

Por último, demandamos la aparición con vida de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como el castigo a los responsables de su desaparición y del asesinato de otros 6 normalistas.

 

 

Porque no hemos perdido la esperanza de transformar nuestra patria, estamos con la gente, con las víctimas, con los oprimidos, con los ignorados; para construir entre todas y todos un nuevo pacto social.

 

 

 

Democracia ya, patria para todas y todos

 

Paloma Castañón Hernández

Secretaria Nacional de Derechos Humanos del

Partido de la Revolución Democrática